LEY GENERAL DEL CAMBIO CLIMATICO

Podemos decir que México celebró el Día Internacional del Medio Ambiente con la publicación de la Ley General de Cambio Climático (la Ley) el pasado 6 de junio del 2012; la cual entró en vigor noventa días hábiles después de esa fecha.

La implementación y cumplimiento de esta Ley representa, no sólo el esquema nacional para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, sino también el compromiso mexicano de reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (las emisiones), con el beneficio de posicionar al país –al mismo tiempo— hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones. 

 

La Ley tiene como principal objetivo regular las emisiones para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias peligrosas en el sistema climático, atribuibles directas o indirectamente a la actividad humana.  La primera meta es reducir para el año 2020 el 30% de las emisiones, con respecto de aquellas emitidas en 2000; y la meta siguiente es que tal reducción sea del 50% para 2050. 

La puesta en marcha y eficacia de la Ley requieren del esfuerzo responsable, coordinado y continuo de los tres niveles de gobierno: federal, estatal, municipal; así como la activación de mecanismos de acceso para la participación social y privada en la evaluación del desempeño de las políticas públicas de acciones de mitigación y adaptación. Esta compleja estructura requiere para su engranaje de la creación y ajuste de organismos y sistemas de información especializados y de entes coordinadores y de evaluación, por un lado y, por el otro, de instrumentos jurídicos y económicos que hagan posible implementar e incentivar el cumplimiento de sus objetivos.

La Ley General brinda a México una base sólida tanto para promover la reducción de emisiones como para permitir la adaptación a los impactos derivados del cambio climático, siendo su principal objetivo:

“Fortalecer políticas públicas, estructura administrativas y de participación social, a través de las cuales se reduzca la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales del país ante el reto que impone el cambio climático; se impulse la transición escalonada hacia una economía competitiva de bajas emisiones de carbono y se contribuya a cumplir los compromisos adquiridos por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante el régimen internacional en la materia”.

De esta forma y para dar cumplimiento a su principal objetivo, la Ley cuenta con nueve capítulos, 116 artículos y diez transitorios en donde se resaltan aspectos de suma relevancia como:

1. El reconocimiento de la necesaria transición hacia una economía competitiva de bajas emisiones en carbono, que regula tanto gases como componentes de efecto invernadero;
2. La creación y fortalecimiento de una estructura institucional y transversal que atienda el cambio climático, a través de un Sistema Nacional de Cambio Climático que promueve la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios en el combate al problema; así  como la creación de un Institución Nacional de Ecología y Cambio Climático que aumente y mejore la investigación en el tema; además de la consolidación de una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático que fomente una mejor coordinación entre el Gobierno Federal y otros actores involucrados;
3. La definición de criterios y medidas claves para promover la mitigación a través de la generación de energía por fuentes renovables, la promoción de sistemas de movilidad sustentable, el manejo adecuado de residuos y el manejo sustentable de los recursos forestales; así como la definición de criterios de adaptación y reducción de vulnerabilidad a los impactos del cambio climático;
4. La formulación de una política de largo plazo en materia de cambio climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas estatales y con otras leyes aplicables;
5. El fomento a la educación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología que privilegie las actividades y tecnologías que contribuyan menos con las emisiones;
6. La creación de un Fondo Verde Mexicano que promueva un mayor flujo de recursos nacionales a través de la asignación presupuestal, e internacionales a través del mejor control de los flujos dirigidos al combate del cambio climático;
7. El diseño y promoción de instrumentos económicos y fiscales para incentivar la reducción de emisiones y la participación de actores públicos y privados en la materia;
8.  La creación de esquemas de participación de sectores como el privado, el académico y el social en el diseño y evaluación de la política climática;
9. El reconocimiento de metas de reducción de emisiones del 30% al 2020 y del 50% al 2050; así como de las metas de participación de energía limpia en 35% al 2024; y la promoción de la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles como mecanismo para incentivar la participación de la energía renovable; y
10. La consolidación de esquemas de medición, reporte y verificación de emisiones, a través del registro, la evaluación y el seguimiento del cumplimiento de la Ley, que contempla un esquema de sanciones.

Las invasiones de hormigas descendieron a nivel mundial

Algunas especies de hormiga son consideradas verdaderas plagas a nivel mundial, invasoras y perjudiciales para el medio. Por ejemplo, la Pheidole megacephala, popularmente conocida como hormiga leona u hormiga cabezona, se encuentra entre los primeros lugares de la lista de las 100 especies más invasoras del planeta. Son una plaga en América del Sur, Australia y Sudáfrica, resultando peligrosas pues roban el hábitat y los recursos de las especies nativas (se sabe que hasta pueden alimentarse de crías de aves), resultando una amenaza para el natural desarrollo de la biodiversidad.

No obstante, el cambio climático viene reduciendo las invasiones de estos insectos a nivel mundial. Hoy en día, el 18,5% del planeta sufre las consecuencias de las invasiones, pero los expertos señalan que para el año 2080, esa cifra se reducirá hasta en 5 veces.